POR HÉCTOR BENÍTEZ CAÑAS
El presidente Donald Trump insiste en eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento tras su regreso a la Casa Blanca. Este derecho, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos”. Pero, ¿es realmente posible que esta decisión se materialice?
Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, con la cual busca negar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en EEUU de inmigrantes indocumentados o extranjeros con estancias temporales, salvo que uno de los padres sea ciudadano o residente permanente.
Esto desató una ola de oposición legal: 22 estados, encabezados por Nueva York, Nueva Jersey, California y Washington, presentaron demandas argumentando que la medida viola la Constitución y principios legales establecidos desde hace más de un siglo.
En un fallo inicial, el juez federal John C. Coughenour bloqueó temporalmente la orden, calificándola como “abiertamente inconstitucional”. La jurisprudencia histórica, como el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), reafirma que la ciudadanía por nacimiento aplica a quienes nacen en territorio estadounidense, con excepciones limitadas.
A esto se suma que reinterpretar o enmendar la Enmienda 14 requeriría procesos legales y políticos altamente complejos, incluyendo la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Los fiscales generales y defensores de los derechos civiles han enfatizado que esta política genera costos legales y sociales significativos, y subrayaron que “los presidentes no son reyes”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, describió la orden como “inconstitucional y profundamente peligrosa”. En tanto, el Departamento de Justicia prometió defender “enérgicamente” la orden ante los tribunales y el público estadounidense.
En conclusión, aunque Trump ha reiterado su intención de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, los obstáculos legales, políticos y sociales hacen que esta medida sea improbable de implementarse. Este debate seguirá marcando la agenda migratoria.
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración. https://www.benmelegal.org/
